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Correa a Ecuador: «Atrápame si pueden»

El expresidente ecuatoriano se acoge al derecho internacional y de su país

En una jugada política, que recuerda a la sucedida en Brasil contra Lula Da Silva, o en Argentina con Cristina Kirchner, Rafael Correa, ex presidente de Ecuador es imputado en el caso de secuestro de Fernando Balda, poniendo en evidencia un entramado legal que dista de la justicia, pero se incoa contra los mandatarios de izquierda que hasta hace poco gobernaron los destinos de Sudamérica y es que por más que se trate de tapar el sol con un dedo, a estos casos de corrupción se les comienzan a notar las costuras.

El sonado caso del secuestro de Fernando Balda ocurrió en Bogotá, Colombia, en el año 2012, el mismo fue un intento de retención que fue frustrado por la policía colombiana, luego de recibir un aviso dado por el conductor de un taxi, como lo estableció la fiscalía colombiana, al terminar las indagaciones del caso, la cual no conllevó a ningún esclarecimiento, aunque Balda mantuvo la tesis, de que los transgresores operaban bajo mandato del expresidente andino.

Y es que durante la investigación, Balda, realizó varios testimonios ante la justicia ecuatoriana y en dos casos manifestó, que los secuestradores eran funcionarios de la secretaría nacional de inteligencia, Senain y que estaban cumpliendo órdenes de Correa, pero también afirmó que los raptores pertenecían a la dirección general de inteligencia de la policía de Ecuador o DGI, el hecho real, es que nunca pudo comprobar, ni identificar a sus captores, aunque en ese entonces se implicó en el caso a Luis Raúl Chicaiza, quien fuese miembro activo de la DGI, para ese entonces.

También Chicaiza, manifestó en medio del proceso judicial efectuado en Ecuador, que habría habló por teléfono, en dos oportunidades con Correa sobre el secuestro, más sin embargo el letrado que se encargó de la defensa, ha afirmado que «no tiene pruebas de presuntas llamadas de Rafael Correa», ni ninguna otra evidencia que lo vinculen en el caso.

Rafael Correa.
Según dicta la Convención Americana de Derechos Humanos la medida «debe adecuarse a los parámetros de legalidad y constitucionalidad» y «debe cumplir los criterios de legitimidad y no arbitrariedad».

Un caso que parece estar fuera del orden legal de las cosas

Correa brindó una primera versión de este caso el pasado 24 de mayo, de manera libre y sin juramento desde el consulado de Ecuador en Bélgica.

El exmandatario ha denunciado que en este proceso están mezclando elementos de ese secuestro con el proceso de deportación, que se realizó posteriormente contra Balda, quien había recibido una condena de dos años de prisión por el delito común de injuria no calumniosa grave.

Más el caso ha mantenido curso incierto y el pasado martes, le fue dictada una medida cautelar, privativa de libertad al expresidente ecuatoriano por la jueza Daniella Camacho, en función de prevenir la fuga de este, aunque Correa vive desde hace algo más de un año junto a su familia en Bruselas, Bélgica, la orden de prisión preventiva fue dictada después de que el exmandatario no se presentara en la sede de la corte nacional de justicia en Quito, para dar declaraciones sobre su presunta implicación en el caso del secuestro del exlegislador Fernando Balda.

El exmandatario ha manifestado que su régimen de presentación, fue cumplido a cabalidad durante el desarrollo de la investigación, aunque en lugar de comparecer ante la sede judicial en Ecuador durante la fase indagatoria del proceso, el expresidente se presentó en el consulado de Ecuador en Bélgica, incluso la jueza expidió una petición ante la fiscalía para solicitar a Interpol su arresto y extradición.

«No es que yo tengo una orden de arresto por la justicia ecuatoriana. Tengo una orden de arresto por la Injusticia ecuatoriana. Ecuador no es un Estado de derecho», ha aseverado Correa y a añadido que «la estrategia hacia mí es o matarme, ya me suspendieron, por ejemplo, la seguridad presidencial o meterme preso en Ecuador o impedir que regrese a mi patria», explicó el exmandatario.

Correa, también ha sostenido, «¿Cuál es el marco legal con que se nombró al contralor, que es el instrumento de persecución del actual gobierno ecuatoriano? ¿Con qué marco legal constitucional se nombró al fiscal, que es el que me persigue?», pues en todos los casos ambos funcionarios fueron «nombrado a dedo, sin concurso, con la consigna de meterme preso», sólo para lograr inhabilitarme políticamente.

«Vieron que con falsos testimonios podían involucrar al presidente» y es que el mismo Correa ha denunciado que el caso es una «gran ridiculez que no tiene ninguna perspectiva de éxito a nivel internacional», pues Balda «estaba huido de la justicia ecuatoriana» y «se dedicaba a acciones ilegales en Colombia», señaló el expresidente, corroborando que «es claro que se trata de un abuso policial», pues los supuestos raptores «Trataron de capturarlo unos policías” y “vieron que con falsos testimonios podían involucrar al propio presidente de la república», acusó Correa.

Pero, hasta la fecha no se ha encontrado, ni se encontrará nada en su contra, pues según alega Correa, «No hay ninguna prueba, ningún indicio contra mí», el economista ecuatoriano señala que no existía necesidad de una medida cautelar, ya que estaba colaborando con la justicia, abierta y voluntariamente, pues «Di mis testimonios” y “siempre estuve a la orden», recalcó.

«Saben que resido en Bélgica. El fiscal pide que me presente en el consulado de Bélgica cada 15 días, pero la jueza […] impone que me presente cada 15 días en Ecuador sabiendo que es imposible», enfatiza Correa y manifiesta que la orden de detención de mecanismo «absolutamente ilegal que sería imposible en cualquier país», aunque hoy «el mundo mira hacia otro lado. Si esto hubiera pasando en mi Gobierno con un opositor político ya estaría en el tribunal internacional de La Haya».

Una de las cuestiones es que, durante mi gobierno, la política fue separada del poder judicial y esto siempre fue muy importante para mí, «Hay que parar la judicialización de la política. ¡Que nos derroten en las urnas, no con sus artimañas!», interpela pues «Se está cooptando la Justicia para perseguir a dirigentes de izquierda».

Lo mismo sucedió con el expresidente brasileño Luiz Inácio Lula Da Silva, la exmandataria argentina Cristina Fernández de Kirchner y el vicepresidente ecuatoriano Jorge Glas. «Lo que están haciendo contra mí, este es el quinto-sexto caso», manifestó Correa, y ha recapitulado en otras ocasiones ha ido acusado de preventas petroleras, de crimen organizado, de tráfico de influencias, y «todo en los últimos meses», porque «vieron la estrategia de judicialización de la política».

«Más daño que a nosotros, están haciendo daño a nuestras democracias, a nuestros países, a la institucionalidad tan fundamental para el buen vivir», finalizó Correa, al tiempo que personeros y otros líderes mundiales le han expresado su solidaridad. El presidente de Bolivia, Evo Morales, ha criticado la «politización de la justicia ecuatoriana» y ha denunciado además la «injerencia de EE.UU. en intención de encarcelar a un inocente», otros que ya han manifestado su apoyo fueron el expresidente peruano Ollanta Humala y el expresidente colombiano Ernesto Samper.

La jueza de garantías penales de la corte nacional de justicia de Ecuador, Daniella Camacho, dictaminó prisión preventiva contra el expresidente Rafael Correa, en el curso de la averiguación que se le sigue en relación a  su presunta implicación en el caso Balda, la ordenanza fue requerida por el fiscal general Paúl Pérez y la defensa de Balda, en el momento en que el exmandatario no acudiera el lunes a la sede de la corte nacional de justicia en Quito, a iniciar su ciclo de presentaciones quincenales, como indicaba la medida cautelar de Camacho establecida el 18 de junio.

Y es que Correa, hizo acto de presencia, pero en la sede del consulado de Ecuador en Bélgica, y el expresidente aseguró que lo amparan la convención de Viena de relaciones consulares, la convención interamericana de derechos humanos, la jurisprudencia de la corte interamericana, y la constitución y leyes de la república de Ecuador, pues la presentación, no debe ser de cohecho en Quito, pues según lo ha manifestado el exgobernante, tal medida es “imposible de cumplir» pues yo no vivo en Quito y soy un ciudadano ecuatoriano, que vive en Bélgica.

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