López Obrador señala la liberación del líder de la banda acusada de asesinar a los estudiantes
El presidente de México prometió poner en claro la investigación fallida sobre el secuestro y desaparición de 43 aprendices de maestros en 2014, uno de los crímenes más notorios del país azteca y una atrocidad que el gobierno predecesor trató de minimizar como un asunto local menor.
Andrés Manuel López Obrador hizo el anuncio el miércoles luego de la liberación de un presunto líder de la banda local de narcotraficantes que se cree que mató a los estudiantes desaparecidos que fueron secuestrados por policías corruptos en la ciudad de Iguala.
Los expertos indican que la liberación de Gildardo López Astudillo sienta un precedente que podría conducir a la liberación de 50 sospechosos más en una fallida decisión que ha llegado a simbolizar la crisis de derechos humanos en México.
Otros 142 sospechosos ya han sido liberados, expuso Alejandro Encinas, subsecretario del interior, quien culpó a la fabricación de pruebas de las autoridades, el uso de la tortura y un encubrimiento general por destruir la fallida investigación en el que existían pruebas reales para enjuiciar a los responsables.
«Es un problema de justicia muy serio y por eso vamos a presentar formalmente una queja ante la oficina del fiscal general y el poder judicial en este caso», señaló López Obrador refiriéndose a la fallida decisión.
Las autoridades indican que los estudiantes de la escuela de formación de maestros de Ayotzinapa fueron secuestrados por la policía y entregados a la banda de narcotraficantes Guerreros Unidos del que López Astudillo presuntamente es jefe de la pandilla en Iguala.
Muchas preguntas sobre el destino de los 43 estudiantes se han centrado en la incineración de los cuerpos, pero la fallida investigación no encontró nada nuevo para sostener las afirmaciones de la acusación del gobierno.
Mientras tanto, un laboratorio en Austria, recientemente no encontró evidencia de que las muestras de ADN extraídas de restos humanos descubiertas en el vertedero coincidieran con los estudiantes.
Un miembro solitario de un comité de expertos en incendios compuesto por seis personas, elegido por el gobierno mexicano y la CIDH en septiembre para revisar la evidencia, rompió con un acuerdo para buscar «consenso» antes de hablar y se hizo público el mes pasado con la opinión de que la quemadura efectivamente había ocurrido en el basurero.
El informe de la CIDH rechazó esa opinión y el experto de la CIDH, Francisco Cox, expresó que el gobierno justificó la violación del protocolo al decir: «Consenso en México significa mayoría».
La fallida investigación vuelve a estar en el ojo del huracán de las noticias en México
Jesús Murillo Karam, fiscal general del ex presidente Enrique Peña Nieto, anunció infamemente que las autoridades habían establecido la «verdad histórica» de la desaparición de los estudiantes e indicó que los estudiantes fueron asesinados y sus cuerpos incinerados en un basurero.
Expertos independientes alegaron que no había evidencia para apoyar esa conclusión, para hacer eco de la fallida investigación, aunque los investigadores han identificado definitivamente los restos de solo uno de los 43 estudiantes.
«La mal llamada verdad histórica fue construida con una base de encubrimiento, fabricación de evidencia y tortura en beneficio de los perpetradores y en contra de los derechos de las víctimas», explicó Encinas, «La verdad histórica choca con la realidad».
Encinas dejó en claro que Murillo Karam y otros altos funcionarios involucrados en el caso deberían ser incluidos en la investigación, aunque esta pareciera haberse resuelto de manera sorpresiva, luego de una acción fallida de pruebas.
«Lo que tenemos ahora son una serie de juicios, que se están desmoronando», señaló María Luisa Aguilar, directora de asuntos internacionales del centro de derechos humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que ha trabajado con las familias de los estudiantes.
«La impresión que tienen las familias es que los investigadores trataron de archivar la investigación», agregó, «no investigaron adecuadamente lo que sucedió o el paradero de los estudiantes, que es lo que más les importa a las familias».
La oficina de derechos humanos de la ONU expresó en un informe el año pasado que las autoridades mexicanas probablemente habían torturado a decenas de personas durante la investigación fallida.
La popularidad de Peña Nieto sufrió daños duraderos por el escándalo por las desapariciones, y su gobierno fue muy criticado por su manejo de la investigación.
La oficina del fiscal general de México defendió su investigación y acciones en Twitter el domingo, diciendo que no había hecho nada para impedir el trabajo de los expertos y también defendió los reclamos de una quemadura controlada en el basurero y negó cualquier acusación de mal manejo de evidencia o de permitir la tortura.
Peña Nieto agradeció a los expertos por su informe y tuiteó que la oficina del fiscal general «continuará trabajando para que haya justicia… Las familias de los estudiantes y el gobierno federal están del mismo lado y están trabajando para lograr el mismo objetivo, que es saber lo que sucedió con los jóvenes y castigar a cada uno de los responsables», afirmó el fiscal de derechos humanos de México, Eber Omar Betanzos, en un comunicado a la prensa.
