El presidente azteca rompe así otra de sus promesas de campaña
Grupos de derechos humanos en México han expresado su inquietud por un decreto presidencial de AMLO que, amplía el papel de las fuerzas armadas en la seguridad pública, reflejo del empeoramiento de la violencia en el país y de la falta de preparación y equipamiento adecuado de una fuerza policial capaz de asumir poderosas organizaciones criminales.
El decreto, publicado el lunes por el presidente Andrés Manuel López Obrador, conocido como AMLO, demuestra una dependencia constante del ejército y la marina para trabajos de seguridad pública, a pesar de que soldados e infantes de marina han sido frecuentemente acusados de violaciones de los derechos humanos.
«En efecto, el ejército y la marina se encargarán de las funciones policiales hasta 2024», dijo Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez en la Ciudad de México, «Ambos tienen una larga historia de no ser responsables, especialmente en casos de violaciones graves de los derechos humanos».
El decreto perpetúa la práctica de desplegar a las fuerzas armadas de México para tareas policiales a medida que la tasa de homicidios del país se convierte en nuevos registros, México registró su mes más asesino en marzo, un recuento sombrío casi igualado en abril, a pesar de las cuarentenas de Covid-19 en todo el país.
López Obrador arrasó con la victoria en las elecciones de 2018, prometiendo «abrazos y no balas» y comprometiéndose a cambiar el enfoque de su estrategia de seguridad para abordar lo que él considera las causas profundas del crimen: la pobreza y la violencia.
El presidente AMLO, ha estado bajo mucha presión sobre su política de abrazos y no balas
Pero AMLO, como se conoce al presidente, abandonó efectivamente a la policía federal después de tomar el poder y creó una nueva fuerza policial militarizada, conocida como la guardia nacional, compuesta por soldados y algunas ex policías federales.
Luego de que el 15 de noviembre el presidente AMLO, presentó su plan nacional de paz y seguridad, que incluye la creación de una nueva fuerza de corte y formación militar, la guardia nacional, este jueves un grupo de organizaciones civiles criticó este plan por considerarlo una “continuación” de la estrategia de seguridad de los dos últimos sexenios.
La nueva fuerza ha esbelto desde que comenzó a operar a mediados de 2019, con su primer despliegue en las fronteras sur y norte para detener a los migrantes, AMLO, por su parte, ha dependido cada vez más de las fuerzas armadas, utilizando soldados para todo, desde la entrega de gasolina hasta la construcción de un nuevo aeropuerto cerca de la Ciudad de México.
«Su dependencia de las fuerzas armadas está creciendo, y no se están tomando medidas para sacarlas de las calles para 2024», indicó Falko Ernst, analista principal de México en el International Crisis Group, los partidarios del presidente rechazaron el discurso de militarizar el país e indican que las leyes que crean la guardia nacional siempre dejaron abierta la opción de que las fuerzas armadas pudieran ser llamadas hasta por cinco años.
«No se puede capacitar a la gente lo suficientemente rápido en la academia de la guardia nacional y los gobernadores estatales todavía no están dispuestos a desarrollar sus propias fuerzas policiales estatales», explicó Rodolfo Soriano Núñez, sociólogo de la Ciudad de México, «es una respuesta a una doble cuestión: la guardia nacional no está logrando realmente sus objetivos y las cifras de delitos están de nuevo fuera de las listas a pesar de la pandemia».
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