López Obrador ha madrugado a toda su oposición y ha presentado los 50 lineamientos que servirán como marco al combate a la corrupción y marcaran el inicio de su gobierno de austeridad republicana, AMLO presidente electo de México, ha asegurado que “se va a romper el molde de cómo se hacía la política tradicional”, ofreciendo una fiscalía independiente, “en los hechos” y ha aseverado que la transición ordenada ha contribuido a mantener la y la estabilidad del país.
Durante una conferencia de prensa que realizara este fin de semana, Andrés Manuel López Obrador, ratificó su compromiso con la reducción palpable del gasto público y a manera de ejemplo, disminuirá su sueldo a 108 mil pesos al mes, al igual que todos los sueldos de los funcionarios públicos, además de asegurar una fiscalía autónoma, el recorte de gastos en la adquisición de vehículos para funcionarios, o computadoras, al menos durante el primer año de su administración, y no habrá más de cinco asesores por secretaría.
El presidente electo ha manifestado que es necesaria la división de los poderes, por lo tanto, aseguró que la fiscalía general contará en los hechos con absoluta autonomía y no habrá consigna del presidente, por lo que la fiscalía anticorrupción, a su vez, no será impedida de actuar contra compañeros de lucha, amigos y familiares.
Con referencia a su programa de gobierno en el sector contra la corrupción, dio a conocer los 50 lineamientos generales para el combate del flagelo que más desconcierto y descontento han generado los gobiernos anteriores y que implica una ruptura con los modelos políticos establecidos durante toda la historia mexicana.
AMLO ha comentado que, “en este ambiente, en estos días después de la elección, que ha quedado de manifiesto que hay confianza porque la transición se está llevando a cabo sin sobresaltos, se ha beneficiado hasta la economía, hay estabilidad en las finanzas, eso es importante, vamos al cambio por el camino de la concordia” y ha añadido que “se va a romper el molde de cómo se hacía la política tradicional”.
Entre las medidas antes anunciadas y que ha corroborado en la rueda de prensa que realizó en las afueras de su oficina en la Colonia los Robles, el actual mandatario designado que en conjunto a las petitorias sobre el presupuesto de 2019, hará llegar a la cámara de diputados una iniciativa de reforma al artículo 127 de la constitución, en la que quedará establecido que ningún servidor público de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial pueda tener un sueldo mayor al del presidente de la república.
También está planteado la reducción de la estructura de trabajadores y empleados de confianza en un 70% del personal y del gasto de operación y explicó que la intención de reducir su salario era mayor, pero la cantidad que se asignó como tope es la que ganan muchas otras personas que trabajan en universidades y empresas y a la que tendrán que reducirse las percepciones de ministros, de modo que “si yo bajara más mi sueldo se iba a resentir más, soy moderado, no radical”.
Aunque en este respecto bajará a la mitad los sueldos de los altos funcionarios públicos que ganan más de un millón de pesos al año. “Se va a ahorrar la mitad de lo que ahora se destina para el pago de los altos funcionarios públicos” y en contra posición, va a aumentar en una escala que está en desarrollo, el salario a los servidores públicos de abajo: “Ese es mi compromiso y lo voy a cumplir”, dijo.
Igualmente ha propuesto una reforma al artículo 108 de la constitución, para desaforar al presidente en funciones y que este pueda ser juzgado por delitos de violación a las libertades electorales y por delitos de corrupción en un juicio político, como cualquier ciudadano, sin privilegios para funcionarios públicos, considerando como delitos graves el tráfico de influencia, la corrupción, la asociación entre funcionarios y particulares para cometer fraudes a la hacienda pública, el robo de combustibles y el fraude en cualquiera de sus modalidades, sin derecho a fianza.
Para este efecto la fiscalía anticorrupción fungirá como el principal garante contra este mal que tanto ha dañado a México, la misma podrá actuar con absoluta libertad y castigar a cualquier persona que cometa un delito de esa naturaleza, fuere quien fuere, y en este punto también se incluirán los miembros de Morena y otros compañeros de lucha de López Obrador, además de funcionarios, amigos y familiares.
AMLO, explicó que los funcionarios tendrán que declarar públicamente su patrimonio y la corrupción será considerada un delito grave.
50 medidas como estrategias para el sexenio de AMLO
Se agregará en la ley que el presidente pueda ser juzgado por delito de violación a las libertades electorales y por delitos de corrupción.
Se suspenderán por completo fueros y privilegios para funcionarios públicos.
Se reformará la ley para considerar delitos graves el tráfico de influencias, la corrupción, la asociación entre funcionarios y particulares para cometer fraudes a la Hacienda Pública, el robo de combustibles y el fraude electoral.
La Fiscalía General contará en los hechos con absoluta autonomía.
La Fiscalía Electoral estará encargada de que las elecciones sean limpias y libres.
La Fiscalía Anticorrupción será garante para evitar este mal que tanto ha dañado a México y no permitirlo.
Todo funcionario deberá presentar su declaración de bienes patrimoniales.
El Presidente ganará menos de la mitad de lo que actualmente recibe el titular del Ejecutivo federal.
No se comprarán vehículos nuevos para funcionarios.
No se comprarán sistemas de cómputo en el primer año de gobierno.
No habrá más de cinco asesores por Secretaría.
Sólo tendrán secretarios particulares los secretarios o equivalentes.
No habrá bono y otras canonjías para los funcionarios.
Se limitarán los viáticos al mínimo.
No habrá partida para gastos médicos privados.
Desaparece la partida conocida como “seguro de separación individualizada”.
No se viajará al extranjero sin la autorización del secretario y la partida se reducirá al mínimo.
Se cancelarán fideicomisos.
Nadie tendrá guardaespaldas, sólo los encargados de la seguridad.
Se suprimen todas las estructuras y programas duplicados.
Se reduce toda la estructura de trabajadores, empleados de confianza en 70 por ciento.
Se bajan los sueldos de los altos funcionarios públicos a la mitad.
Nadie podrá utilizar aviones o helicópteros privados, se venderá la flotilla de aviones y helicópteros.
Se cancelarán las pensiones a los expresidentes de la República.
No se utilizarán vehículos y otros bienes públicos para asuntos particulares.
No podrá contratarse a familiares.
Los trabajadores de confianza laborarán de lunes a sábado y cuando menos ocho horas diarias.
No se puede asistir al trabajo en estado de ebriedad, ni tomar en las oficinas públicas.
Se reducirá en 50% el gasto de publicidad del gobierno.
Los funcionarios no podrán acudir a fiestas de grandes contribuyentes, proveedores, inversionistas vinculados a la función pública.
Ningún funcionario público podrá ocupar en su domicilio a trabajadores al servicio del Estado.
Ningún funcionario, sin causa de emergencia, podrá ordenar cerrar calles o pasarse los altos.
No se comprará ninguna mercancía que exista en los almacenes públicos en cantidad suficiente.
No se remodelarán oficinas ni se comprará mobiliario de lujo.
Sólo tendrán apoyo de choferes los secretarios y subsecretarios.
Los policías y militares de las distintas corporaciones no estarán al servicio de funcionarios o de particulares sin justificación.
El Estado Mayor Presidencial se incorporará por completo a la Secretaría de la Defensa.
Los Pinos pasará a formar parte de El Bosque de Chapultepec y se convertirá en un espacio para el arte y la cultura.
Desaparecerán las partidas para vestuario.
Se cancelará toda labor de espionaje o intervención telefónica que afecte el derecho a la privacidad.
Se cuidarán los bienes de la oficina a disposición de servidores públicos para proteger el patrimonio colectivo.
Se evitarán gastos de oficina innecesarios.
Se tratará con amabilidad a los ciudadanos en las oficinas públicas.
Las compras de gobierno se harán de manera consolidada mediante convocatoria.
Los contratos de obra de gobierno se llevarán a cabo mediante licitación pública con la participación de ciudadanos y de observadores de la ONU.
No habrá partidas en el presupuesto a disposición de diputados y senadores.
Ningún funcionario público podrá recibir regalos cuyo valor exceda de cinco mil pesos.
No se autorizará la contratación de despachos para elaborar proyectos de ley.
En las relaciones comerciales o financieras con empresas internacionales se dará preferencia a las empresas originarias de países cuyos gobiernos se caractericen por su honestidad.
Se revisarán los contratos suscritos con empresas nacionales o extranjeras que se hayan otorgado mediante el influyentísmo, la corrupción, y que causen daño a la Hacienda.
