Al menos 138 centroamericanos fueron asesinados en el tercer país seguro
Al menos 200 migrantes y solicitantes de asilo salvadoreños han sido asesinados, violados o torturados después de ser deportados de vuelta a El Salvador por el gobierno norteamericano, que, se está haciendo de la vista gorda ante peligros ampliamente conocidos, revela una nueva investigación de Derechos Humanos.
La organización de los derechos humanos, ha documentado al menos a 138 salvadoreños deportados, que fueron asesinados por pandilleros, policías, soldados, escuadrones de la muerte y ex socios delictivos, entre 2013 y 2019, la mayoría fueron asesinados dentro de los dos años de la deportación por los mismos perpetradores de los que, habrían tratado de escapar, buscando seguridad en los Estados Unidos.
El informe, “Deportado al peligro: Las políticas de deportación de Estados Unidos exponen a los salvadoreños a la muerte y el abuso”, identifica a más de 70 personas que fueron sometidas a golpizas, agresiones sexuales y extorsión, por lo general a manos de las pandillas, o que simplemente, desaparecieron después de ser devueltas.
El Salvador, es el país más densamente poblado de Centroamérica, con poco más de 6 millones de ciudadanos, tiene una de las tasas más altas de homicidios y violencia sexual del mundo, además, casi 11 mil salvadoreños fueron registrados como desaparecidos durante la última década, más que, el número de personas que desaparecieron durante la guerra civil entre 1979 y 1992.
Trump ha puesto aún más salvadoreños, y a otros, en riesgo de ser asesinados
Las autoridades son en gran medida ineficaces para proteger a la población de esta violencia, que a menudo es perpetrada por pandillas callejeras que tienen más de 60 mil miembros en todo el país.
Las ejecuciones extrajudiciales, las agresiones sexuales, las desapariciones forzadas y la tortura también han sido perpetradas por las fuerzas de seguridad del estado con una sobrada impunidad contra los salvadoreños y ahora, contra los deportados que son dirigidos por EE.UU., dentro de su política de tercer país seguro.
En medio del terror generalizado y la impunidad, el número de salvadoreños que huyen se ha elevado grandemente, y con los solicitantes de asilo en Estados Unidos aumentando casi en un 1 mil por ciento en cinco años a 60 mil en 2017, según cifras de la ONU.
Javier, de 17 años, escapó del reclutamiento de pandillas en 2010 y solicitó asilo en los Estados Unidos, donde su madre Jennifer ya había huido, su solicitud de asilo fue rechazada, y Javier fue deportado a principios de 2017, a la edad de 23 años, cuatro meses más tarde fue asesinado por miembros de la banda Mara Salvatrucha-13.
Norteamérica viola el derecho internacional
«Los Estados Unidos tienen que haber sabido que esto estaba sucediendo porque los casos fueron denunciados públicamente y lo que es más importante, porque los salvadoreños aclaran en las solicitudes de asilo que esta es su realidad. Pero esta realidad es ignorada o no creída por las autoridades estadounidenses», indicó Elizabeth Kennedy, coautora del informe.
El derecho internacional prohíbe a los Estados Unidos devolver a cualquier persona a un país donde se enfrentan a graves riesgos para sus vidas o su seguridad, pero la administración Trump, ha impuesto nuevas reglas, entre las que destaca su política de tercer país seguro, donde los solicitantes de refugio, deben esperar la respuesta, en uno de los tres países de los que huyen originalmente.
Alrededor de tres cuartas partes de los 1,2 millones de salvadoreños que viven en los Estados Unidos sin ciudadanía carecen de papeles o tienen un estatus legal temporal que los hace vulnerables a la deportación, entre 2014 y 2018, Estados Unidos deportó a 111 mil salvadoreños y otorgó asilo a solo el 18,2% de los solicitantes, la tasa más baja de la región.
Las deportaciones y la violencia contra los salvadoreños y los deportados en general, no son un fenómeno nuevo, pero la aprobación de las solicitudes de asilo se desplomó desde que la administración Trump lanzó una serie de políticas hostiles e impuso estrictas restricciones a los motivos de asilo basados en el género y en las pandillas.
