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178 líderes sociales muertos en Colombia este año

El recrudecimiento de la violencia en Colombia contra líderes sociales es cada vez mayor

En los últimos días los medios se han llenado de noticias que alertan sobre la intensificación de los asesinatos de líderes sociales en Colombia, ha aumentado a cifras que rozan a las de una guerra civil y que sólo se pueden comparar con las que se registraron durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, por acción de los grupos paramilitares con los que el expresidente está vinculado, según números de la autoridad del cuerpo elite de la policía para la protección de líderes sociales, el coronel José Restrepo, unos 178 líderes sociales han sido asesinados luego de la firma del acuerdo de paz entre el gobierno y las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia, FARC, la cifra total es de 311, en los departamentos del Cauca, Antioquia y Norte de Santander.

A estas alturas, explica Carlos Guevara, la situación de violencia contra líderes sociales y defensores de los derechos humanos ha llegado a un horizonte en el que puede considerarse como una “crisis humanitaria”, manifestó el coordinador del programa “Somos Defensores”, el colaborador social declara que “El tema de las agresiones contra personas que se dedican a defender de los derechos humanos en Colombia ya está en otro nivel y el nivel en que está es una crisis humanitaria”, certificó Guevara.

El reclamo ha llegado hasta la oficina representante de la organización de las naciones unidas en el país neogranadino, que rechazó y condenó este jueves «vehementemente» los homicidios de líderes sociales en el país, y ha considerado que «el recrudecimiento de la violencia» ha dificultado las condiciones idóneas para establecer una paz estable y duradera.

El comunicado procedente de la ONU, asegura que «los habitantes de las regiones más afectadas por el conflicto armado son quienes están vulnerables a las múltiples violaciones a sus derechos colectivos e individuales», debido a que los hechos ocurren, especialmente, en los departamentos de Antioquia, Arauca, Cauca, Chocó, Córdoba, Nariño, Norte de Santander y Valle del Cauca, «sin contar el resto del territorio que también se está viendo gravemente afectado», añadió el organismo en el comunicado.

Paramilitares.
Colegio de Sam Pablo, donde labora Deyanira Ballestas, En el audio, este sujeto intimida a la docente y le dice que le va a leer un comunicado que debe escuchar por el bien de ella y su núcleo familiar.

La actividad de paramilitares es cada vez más frecuente e irreverente

Sólo en los últimos 3 días han sido ajusticiados cuatro líderes sociales, entre ellos Margarita Estupiñán, quien fuera presidenta de la junta de acción comunal del caserío de Llorente, en el municipio de Tumaco, el crimen de Ana María Cortés y Felicinda Santamaría, en los departamentos de Antioquia y Chocó y el de Luis Barrios Machado que fue ultimado el martes en el municipio de Palmar de Varela, en Atlántico.

El organismo internacional ha solicitado al estado colombiano a «reforzar las medidas de prevención, protección e investigación para garantizar el derecho a la vida y la integridad» de los líderes sociales, pero que esta protección se generalice a todos y cada uno de los ciudadanos que habitan en el país cafetero.

Juan Manuel Santos, actual presidente de Colombia, ha girado ordenes al ministro de defensa, Luis Carlos Villegas, para que en la brevedad envie inspectores de la policía y el ejército a los departamentos de Nariño y Cauca, dos de los más problemáticos, para comenzar las labores de búsqueda y captura de los paramilitares irregulares y que los crímenes se esclarezcan lo más pronto posible.

La ONU ha asegurado que se mantendrá atenta a los procedimientos y continuará apoyando a los defensores de derechos humanos y a todos líderes sociales neogranadinos y ha insistido con «su firme compromiso con las comunidades y su acompañamiento al estado para garantizar la protección de la vida y consolidar la paz anhelada del país».

El fin de semana pasado, se dio a conocer un audio en el que un hombre que se identifica como Carlos Mario, amenaza de manera directa a una docente colombiana de Magda Deyanira Ballestas, que se ha encargado de trabajar con los pobladores de el caserío de San Pablo, advirtiéndole que se tiene que ir de la región donde vive, porque de lo contrario “La va a asesinar”.

El paramilitar le dice a través de una llamada telefónica que fue grabada por la maestra, “Coja sus hijueputas cosas y se va de la región (…) Yo llamo a sus superiores y les digo que, si la quieren recoger muerta”, dice Carlos Mario, el imputado es, de acuerdo a las autoridades colombianas, un comandante de un grupo paramilitar conocido como el “Clan del Golfo”.

De este grupo irregular, se ha tenido información con anterioridad y es que el “Clan del Golfo” opera principalmente en el norte del país, especialmente en la zona conocida como el sur del departamento de Bolívar, a unos 400 kilómetros de Bogotá y ha sido el causante de un sin número de homicidios en la zona.

“Que pena con usted señora Deyanira Ballestas se tiene que ir de esta región o la asesino. Usted sabe que nosotros acá asesinamos al que se nos dé la gana”, dice el transgresor y afirma que, «Usted sabe que acá asesinamos al que nos dé la gana», manifiesta el paramilitar, evidenciando el grado de impunidad con el que actúa la organización delictiva en el departamento de Bolívar.

La hostigada, ha solicitado al jefe de estado que se avoque por medio de la fuerza pública a enfrentar el hecho y desde la comisión nacional de garantías de seguridad ha manifestado que el mando “tiene que actuar con toda la contundencia contra los responsables, lo mismo que la Fiscalía y todas las autoridades”, para poner fin a este azote que ha ido en aumento en todo el territorio colombiano.

Santos, por su parte ha convocado a la comisión nacional de garantías de seguridad, a una reunión el martes próximo, para buscar la adopción de medidas de protección para los líderes sociales y ha informado que ese día se formalizará la entrada en vigor de un decreto especial de seguridad colectiva.

Guillermo Rivera, actual ministro del interior, afirma que la situación en los poblados del interior de la república, las condiciones de desatención, permiten la actividad de irregulares, delincuentes y paramilitares y entre las medidas que se deben tomar en la brevedad, están la de mejora del alumbrado público y las vías de acceso, así como la instalación de antenas para mejorar la comunicación, en especial de los celulares, porque en muchas regiones donde laboran y habitan los líderes sociales, no existe la telefonía.

Rivera, ha afirmado que, “este es el principal problema que afronta el nuevo gobierno tan pronto llegue a la Casa de Nariño”, estos problemas que son patentes en toda la nación neogranadina, se incrementan en los departamentos del Cauca, Nariño, Bajo Cauca, Bajo Atrato y Catatumbo y Norte de Santander, que actualmente son las de más alto riesgo.

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